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La Corte Suprema ratificó la oportunidad de los hoteleros para cuestionar la constitucionalidad del impuesto al turismo

Si los turistas no cancelan la Ecotasa, los hoteleros deben cancelarlo con fondos propios o sufrirán las ejecuciones fiscales que el municipio inicie para asegurarse el cobro

La Corte Suprema ratificó la oportunidad de los hoteleros para cuestionar la constitucionalidad del impuesto al turismo
miércoles 24 de junio de 2020
E

n Bariloche, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la legitimación activa de los titulares de establecimientos hoteleros para cuestionar la constitucionalidad de la Ecotasa.

Dicho tributo fue creado por el Municipio de San Carlos de Bariloche en 2017 y grava el pernocte diario de los turistas en establecimientos hoteleros y campings, incrementándose la tasa en función de la categoría del hotel elegido por el visitante. El legislador municipal dijo que los turistas que pernoctan en la ciudad son sujetos pasivos de la obligación tributaria, mientras que los responsables de los establecimientos hoteleros son agentes de recaudación. Además, estableció los plazos para el ingreso del gravamen y las multas que corresponde aplicar en caso de incumplimiento de las cargas fiscales.

La demanda fue iniciada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, como instancia originaria, conforme las prescripciones del artículo 793 del Código Procesal local. Sin embargo, los hoteleros argumentaron que el Municipio de Bariloche violo? los límites impuestos por el ordenamiento jurídico constitucional, ya que la Ecotasa no cumple con los presupuestos necesarios para ser una tasa: no se verificaba la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio público relativo a algo no menos individualizado del contribuyente; el quantum de la tasa no guardaba proporción con el costo que generaba la prestación del servicio que se pretendía solventar; y lo recaudado no se destinaba a financiar la prestación del servicio.

El máximo Tribunal de Río Negro, sin analizar la cuestión de fondo, rechazó la demanda al considerar que los actores no se encontraban legitimados para llevar adelante tal planteo, porque al ser agentes de recaudación no soportaban en forma directa el costo económico del tributo.

Asimismo, la sentencia era contraria a la consagrada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a lo largo de los años reconoció el interés jurídico que mantienen los agentes de recaudación para controvertir un régimen que le impone obligaciones y/o sanciones legales.

En este punto, es importante resaltar que los agentes de recaudación, retención o percepción mantienen un interés jurídico personal, real, concreto, cierto e inmediato para cuestionar los tributos y las normas que los designan como tales.

Si bien los sujetos pasivos del tributo son terceros (en el caso que nos ocupa, son los turistas quienes deberían afrontar el costo de la Ecotasa), la realidad impone que sean los agentes de recaudación, tal como su nombre lo indica, quienes deben recaudarlo, formalizar el pago y cumplir con las cargas tributarias que ello implica; incluso, deben responder solidariamente con los deudores principales.

En el caso de la Ecotasa, si los turistas no cancelan el tributo, los titulares de los establecimientos hoteleros deben cancelarlo con fondos propios o sufrirán las ejecuciones fiscales que el municipio inicie para asegurarse el cobro. Asimismo, deben soportar multas en caso de no cumplir con las obligaciones formales y materiales antes indicadas.

Por esto, los titulares de establecimientos hoteleros tenían un interés jurídico real y concreto. La Corte dio trámite al recurso y remitió las actuaciones a la Procuración General de la Nación, que dictaminó que correspondía hacer lugar a la queja y admitir la legitimación activa de los actores para demandar.

La procuradora analizó con detalle las normas de la ordenanza cuestionada que erigen a los titulares de establecimientos hoteleros como agentes de percepción, resultando responsables solidarios por deuda ajena, debiendo soportar o tolerar el ejercicio de facultades de verificación y fiscalización por parte del órgano recaudador local, bajo apercibimiento de recibir sanciones ante su inobservancia.

Para mediados de este mes, la Corte Suprema, haciendo suyo lo dictaminado por la procuradora fiscal, hizo lugar a la queja: declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro.

Con tal decisión, la causa continuará su trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que tendrá una vez más la oportunidad de analizar la constitucionalidad de la Ecotasa y la extensión de las facultades tributarias de los municipios que integran la provincia.