n un año electoral con pandemia, sumado a un escenario de crisis fiscal y de altos índices de pobreza, el proyecto de ley impulsado por el oficialismo sobre el impuesto a las Ganancias despierta voces encontradas y posiciones críticas entre economistas y tributaristas.
Según el texto presentado por el Gobierno, los empleados con salarios netos de hasta $124.500 dejarán de tributar; para un segundo grupo, podría haber un alivio a discreción del Poder Ejecutivo; mientras que para otros no habrá cambios. Para los expertos, se trata de una iniciativa que haría perder progresividad y provocaría distorsiones, dejando a los autónomos al margen.
Lo cierto es que, en este contexto, la aprobación de este proyecto de ley parece riesgosa y poca oportuna. Vale recordar que el tributo es considerado uno de los más progresivos en el universo de las cargas fiscales.
Según la opinión de varios economistas, el documento requiere una revisión de su diseño, una reforma de fondo para pensar, entre otras cuestiones, quiénes deberían estar gravados en un país donde casi la mitad de los habitantes está bajo la línea de pobreza y en un contexto de alto déficit fiscal.
El proyecto de reforma en cuestión busca que se aplique en el esquema de Ganancias una deducción especial para eximir del gravamen a los asalariados con un salario bruto mensual de hasta $150.000, o $124.500 netos de aportes a la seguridad social. Las cifras se actualizarían cada año según la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Desde la oposición, el PRO celebra el espíritu del proyecto que propone bajar impuestos a una clase media trabajadora muy golpeada por la pandemia. No obstante, los legisladores del bloque marcan sus diferencias respecto a lo técnico. En este sentido, los especialistas consultados consideran más conveniente modificar las escalas, además de señalar una discriminación grosera a los autónomos. Sobre esto, se teme que la brecha existente con los asalariados se amplíe significativamente.
En cuanto a los puntos “débiles” de la propuesta, los tributaristas indican que los valores del esquema tienen que actualizarse dos veces al año según el índice de precios, al tiempo que deberían eliminarse los privilegios de muchos empleados del sector público con conceptos no alcanzados por Ganancias.